La Mesa Ciudadana contra la Pobreza y la Exclusión Social ha sido constituida hoy en Oviedo con la presencia de cinco consejerías del Gobierno asturiano y varias entidades vinculadas al tercer sector, que "aportan la voz de la sociedad, absolutamente indispensable". Así lo ha manifestado el presidente del Principado, Javier Fernández, durante su intervención en la reunión constitutiva de la Mesa, a la que han asistido los consejeros de Presidencia, Guillermo Martínez; Educación, Ana González, Bienestar Social, Esther Díaz, y Sanidad, Faustino Blanco, así como representantes de las distintas entidades que la integran.
En opinión del máximo responsable del Ejecutivo autonómico, para alcanzar los objetivos propuestos son necesarios tres requisitos, que ha centrado en la existencia de garantías y derechos sociales; una visión completa de la acción del Gobierno, y las entidades vinculadas al tercer sector.
En referencia a las garantías y derechos sociales, ha apuntado que éste es un asunto que "se daba por superado hace décadas con la construcción genuinamente europea que se denomina Estado del Bienestar", en el que "quedaban atrás para siempre los hospitales de beneficencia y las leyes de pobres".
"Esto es, precisamente, lo que está en riesgo ahora", ha enfatizado Fernández, que ha apuntado que en tiempos de campaña electoral "los decibelios aumentan" pero no hay "más mensajes ni mayor claridad". Ha sostenido que para "salvaguardar y reforzar" el Estado del bienestar son precisas dos cuestiones "imprescindibles", en relación al "dinero, sin duda, pero también el compromiso con este modelo de sociedad inclusiva".
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En alusión al segundo requisito en la lucha contra la pobreza, el presidente autonómico ha abogado por una visión "completa de la acción del Gobierno", con una voluntad "coordinada" recogida en la redacción de la Agenda Social Asturiana. Entre los logros de esa "acción sistemática" ha mencionado la inmediata
puesta en servicio de los nuevos hospitales de Mieres y Oviedo, "algo insólito en estos tiempos de cuestionamiento continuado de los servicios públicos".
Asimismo, ha citado la reserva de un presupuesto ampliable de 68 millones para el salario social durante este ejercicio y el mantenimiento de ayuda a la justicia gratuita así como planes para afrontar los casos de desahucio. En su discurso se ha dirigido a los representantes de la entidades vinculadas al tercer sector, como el tercer requisito para combatir la pobreza y la exclusión, a los que ha dicho que "sin su crítica, auxilio, apoyo e intervención, no es posible ofrecer la respuesta actualizad, coordinada y eficaz" que el Gobierno desea promover.