(Madrid, 31 de julio de 2013).- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado un informe para valorar los contenidos relativos a la discapacidad en la Ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

 

Así, con respecto a las bonificaciones y reducciones en la cuota al régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) en el caso de personas con discapacidad, el CERMI apunta que, aunque esta Ley no ha introducido modificaciones o mejoras, este régimen va a experimentar una nueva modificación y mejora para los autónomos con discapacidad cuando entre en vigor la segunda normativa, la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

 

Esta modificación se debe gracias a la insistencia por parte del CERMI y al apoyo que les han prestado todos los grupos parlamentarios en su tramitación en el Congreso de los Diputados, y cuyo proyecto ha pasado al Senado para continuar su tramitación.

 

En este sentido, destaca que los incentivos al autoempleo con discapacidad han mejorado, y esta mejora se concentra en las personas con discapacidad menores de 35 años, quienes se podrán beneficiar no sólo cuando se den de alta por primera vez (como hasta ahora), sino también cuando no hubieran estado en alta en el RETA en los cinco años inmediatamente superiores. Y, además, la reducción de cuotas durante el primer año es más elevada, un 80% frente al 50% que ya disfrutaban.

 

En este caso, explica el CERMI, sólo se benefician los autónomos sin trabajadores, mientras que en el sistema general no existe este límite, aunque sí existe la opción de que puedan optar, siempre con el tope de 5 años, por el régimen de bonificación general en el que sí que pueden tener trabajadores, es decir, un autónomo con discapacidad menor de 35 años que tenga trabajadores puede optar por la bonificación general o, incluso, lo puede hacer cuando contrate el primer trabajador.

 

En cuanto al régimen de bonificación general (sin límite de edad) es muy similar al vigente, pero se diferencian en que se incluyen a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que opten por el RETA.

 

Asimismo, para el CERMI, si se comparan los beneficios de los autónomos con discapacidad con los que obtienen los autónomos sin discapacidad, el balance global también es “beneficioso”.

 

 

Esta conclusión se puede apreciar en el hecho de que sólo los autónomos con discapacidad pueden bonificarse sin límite de edad; los incentivos reforzados para jóvenes con discapacidad de cualquier sexo se aplican a los menores de 35 años, mientras que en el caso de jóvenes sin discapacidad el límite es de 30 años, excepto en las mujeres, en que se aplica a menores de 35 en la primera opción de incentivos; y hay reducciones y bonificaciones superiores en el caso de autónomos con discapacidad, al mismo tiempo que la cuota de 50 euros al mes dura, en el caso de autónomos con discapacidad, 12 meses, en lugar de seis.

 

Por otra parte, con respecto a la ampliación de 30 a 35 años de la edad límite para que las personas con discapacidad se beneficien de los incentivos a favor de la contratación de jóvenes, el CERMI mantiene que esta medida se ha incluido en la tramitación del Proyecto en el Congreso, gracias a una enmienda del Grupo Popular, sugerida por el CERMI al Gobierno.

 

Los incentivos a los que se refiere son los relativos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa, a la contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos, los incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven, el primer empleo joven (contratos temporales con jóvenes desempleados que no tengan experiencia laboral o si ésta es inferior a tres meses), incentivos a los contratos en prácticas, y los incentivos a la incorporación de jóvenes a entidades de la economía social.

 

El CERMI es la plataforma unitaria estatal de representación de las personas con discapacidad que en la sociedad civil engloba a más de 7.000 asociaciones y entidades, que trabaja para lograr una inclusión plena de una realidad presente en el 10% de la población, los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Nuestro objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía y la igualdad de oportunidades de este grupo social.